BRUSELAS, 3 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la apertura de dos investigaciones en profundidad para determinar si la entrada de capital chino en varias compañías que optan a contratos públicos para el desarrollo de plantas fotovoltaicas supone una ventaja indebida que distorsione la competencia en el mercado comunitario.

Las nuevas reglas de la Unión Europea para proteger sectores clave de distorsiones por subsidios extranjeros exigen a las empresas a notificar sus licitaciones de contratación pública cuando el valor estimado del contrato supere los 250 millones de euros y la sociedad haya recibido al menos 4 millones de euros de inversión de un país extracomunitario al menos una vez en los tres años anteriores al concurso.

Si se confirman las irregularidades cuyas sospechan motivaron la apertura de la investigación, Bruselas puede acordar compromisos con las empresas para corregir las distorsiones o prohibir la adjudicación de los contratos.

En esta ocasión, los servicios comunitarios investigan los consorcios de Enevo Group (incluida LONGi Solar Technologie GmbH) y de Shanghai Electric para optar a través de la rumana Societata Parc Rovinari a un proyecto para el diseño, construcción y explotación de un parque fotovoltaico en Rumanía financiado parcialmente por el fondo europeo de modernización.

Tras su examen preliminar, la Comisión ve justificado abrir una investigación exhaustiva en ambos casos al considerar que hay indicios suficientes de que se han concedido subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior.

Durante la investigación en profundidad, el Ejecutivo comunitario seguirá evaluando las presuntas subvenciones extranjeras y recabará toda la información necesaria para determinar si han permitido a las empresas presentar una oferta indebidamente ventajosa en respuesta a una licitación, ya que esta oferta podría lastrar las oportunidades de otras empresas que optan a la misma licitación.

Ambos consorcios presentaron una notificación completa el 4 de marzo de 2024 y Bruselas dispone de 110 días laborables a partir de esa fecha para adoptar una decisión. Los servicios comunitarios aclaran que la apertura de una investigación pormenorizada no prejuzga el resultado de la misma.